19:56
andresleot
Imaginen un día en el que no puedan entrar en Facebook, realizar una búsqueda en Google o escribir un tweet. El día 23 de enero quince de las mayores empresas de Internet fundirán sus páginas a negro en contra de la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), la Ley Sinde estadounidense que se debate en el Congreso de Estados Unidos el día 24.
Con la ley ya aprobada en España, veremos cuáles son las vías legales para reclamar cuando no sea específicamente un juez el que cierre una web por violar los derechos de autor. En Estados Unidos van más allá y pretenden que los proveedores de acceso y los buscadores monitoricen el contenido. Es decir, convertir el mundo virtual en un estado dictatorial donde cada movimiento es observado, controlado y anotado debidamente.
Por todo esto quince de las mayores empresas de Internet quieren protestar contra la posible aprobación de la Ley SOPA. Aunque el día de protesta no es oficial, parece lógico que sea el 23 de enero, pues es al día siguiente cuando se debatirá la controvertida norma. Las quince empresas que han decidido parar sus servicios durante un día entero son: AOL, eBay, Etsy, Facebook, Foursquare, Google, IAC, LinkedIn, Mozilla, OpenDNS, PayPal, Twitter, Wikimedia Foundation, Yahoo y Zinga. Todas ellas alentadas por Wikipedia, que fue la primera en declararse en contra de esta legislación y fue la que animó a las demás a realizar una protesta conjunta.
Parecen sólo quince empresas, pero ocupan más de la mitad del tráfico en Internet. No luchan contra una medida más, sino por la libertad de expresión en Internet, que no es poco. Los gobiernos quieren acabar contra la violación de privacidad y de derechos, en este caso de autor, pero lo intentan hacer por un cauce que pone en muy serio peligro tanto la privacidad de los usuarios, que verían todos sus movimientos monitorizados, como su libertad de expresión.
Al existir sistemas legales para poder ver en streaming películas y series, descargar un ebook o comprar una canción parece evidente que hay que intentar acabar con la piratería. Pero los gobiernos deben tener cuidado con lo que aprueban, cualquier persona que vea monitorizados sus movimientos en Internet por una empresa pública o privada tiene derecho, por ley, a denunciarla, pues la libertad de expresión es un derecho fundamental.
